El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificará este miércoles a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas como presidentes de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Los dos magistrados, respaldados por el sector conservador, ocupaban ya estos cargos de forma interina.
La decisión se produce tras la retirada voluntaria de sus únicas contrincantes, Ana Ferrer y Pilar Teso, quienes el pasado jueves retiraron sus candidaturas para desbloquear la situación. Ambas magistradas actuaron para evitar que la falta de acuerdo condujera a un nuevo fracaso en los nombramientos.
Meses de bloqueo institucional
El proceso de selección comenzó en octubre pasado, cuando el CGPJ convocó las cuatro presidencias vacantes del Tribunal Supremo. En febrero, el Consejo logró nombrar a Ignacio Sancho en la Sala Primera y a Concepción Ureste en la Sala Cuarta, pero las otras dos plazas permanecieron bloqueadas.
En mayo, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, sometió los nombramientos a votación por primera vez. El resultado fue un empate a diez votos, con el bloque progresista apoyando a Ferrer y Teso, y el conservador respaldando a Martínez Arrieta y Lucas.
Importancia estratégica de las salas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene competencias para investigar y juzgar aforados, incluyendo miembros del Gobierno, senadores y diputados como José Luis Ábalos. También puede procesar al fiscal general del Estado y otros altos cargos.
Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos planteados contra las actuaciones gubernamentales. Ambas salas han funcionado con presidencias interinas durante meses.
Razones del abandono
"Ante la incapacidad de ese Consejo para aunar los consensos necesarios, el mismo interés de servicio público que me animó a presentarme me anima ahora a renunciar", escribió Ferrer en su carta de retirada. La magistrada alertó sobre el debilitamiento de la confianza ciudadana cuando "los vetos ideológicos prevalecen sobre los criterios de mérito".
Teso expresó motivos similares, señalando "la imposibilidad de consenso en el seno del CGPJ" y las "nulas perspectivas de acuerdo". Ambas magistradas querían evitar que "la situación de interinidad se cronifique" y erosione la función institucional de las salas.
Argumentos de cada sector
El bloque progresista defendía que Ferrer y Teso tenían los mejores programas de gobierno y podían completar los cinco años de mandato. Por el contrario, Lucas y Martínez Arrieta se jubilarán en julio de 2026 y abril de 2027, respectivamente.
Los vocales conservadores destacaban la veteranía de sus candidatos: Martínez Arrieta es el número uno del escalafón judicial y Lucas el número tres. También subrayaban que ya ocupan los cargos desde el pasado diciembre y diciembre de 2022, respectivamente.
Treintena de nombramientos pendientes
Fuentes del ala progresista esperan que el sector conservador valore el gesto de las magistradas retiradas y haga concesiones en la treintena de nombramientos que también se abordarán en este pleno. Las partes han estado negociando hasta el último minuto para sacar adelante estas designaciones.
Este CGPJ heredó más de cien nombramientos pendientes tras cinco años de interinidad del anterior Consejo. Desde su toma de posesión hace un año, ya ha efectuado 135 nombramientos, de los cuales solo 58 han recaído en mujeres, generando un debate sobre la aplicación de la regla de paridad.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
