El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. El caso está relacionado con la filtración de información sobre la investigación fiscal contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Esta decisión judicial marca un precedente histórico en España. García Ortiz se convierte en el primer fiscal general del Estado que se enfrenta a un juicio en el Tribunal Supremo.
Fianza impuesta pero no suspensión
El instructor ha impuesto a García Ortiz una fianza de 150.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias, incluida una posible indemnización por perjuicios morales. El fiscal general dispone de cinco días para abonar esta cantidad.
Sin embargo, Hurtado rechazó la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspender cautelarmente al fiscal general en el cargo. El magistrado explica que existe «un vacío legal sobre este particular» respecto a la suspensión del fiscal general.
Envío a Inspección Fiscal
La resolución acuerda enviar la decisión a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General. Será esta instancia quien resuelva lo que proceda sobre una posible suspensión administrativa y deberá informar de la decisión adoptada.
La decisión judicial se adoptó por mayoría de dos magistrados contra uno. El magistrado Andrés Palomo emitió un voto particular discrepante, evidenciando que no hubo unanimidad en la resolución.
El correo electrónico confidencial
Según la resolución, García Ortiz facilitó a la Cadena SER el contenido confidencial de un correo electrónico. Este mensaje fue enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador, Carlos Neira, a la Fiscalía ofreciéndose a pactar en el marco de la investigación.
El magistrado considera que el email contenía «información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano». Hurtado destaca que esta información había sido aportada en el curso de conversaciones privadas entre el letrado y el fiscal, sujetas a criterios de reserva y confidencialidad.
Perjuicio institucional y efectos
La filtración del correo «pone en cuestión el prestigio de la institución», según expone el instructor. El magistrado señala que esto menoscaba el cometido y función constitucional encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto a principios como el de legalidad e imparcialidad.
Para Hurtado, estos principios «pueden quedar en entredicho» cuando la actuación se ve comprometida por indicaciones externas. Además, considera que esto tiene «indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado».
El caso avanza ahora hacia la fase de juicio oral donde se resolverá definitivamente la situación del fiscal general. Esta decisión llega seis semanas después de que la Sala de Apelación del Supremo confirmara el procesamiento de García Ortiz.
Fuentes utilizadas: "Europa Press" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
