El Ejecutivo comunitario considera que la norma "es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".
La Comisión Europea ha puesto en duda este martes ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general. Durante la vista celebrada en Luxemburgo, el abogado que representa a la Comisión Europea ha expuesto que la tramitación por la vía de urgencia ha "ahondado la división profunda" en la clase política, las instituciones y la sociedad española. Esto ocurrió pese a las recomendaciones de órganos consultivos como la Comisión de Venecia.
Cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas
La vista se celebró sobre la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, que debe dirimir sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas. Se trata del uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y apoyar la acción exterior del 'procés'.
El letrado comunitario Carlos Urraca Caviedes ha repasado las orientaciones escritas que ya remitió al Alto Tribunal. En ellas definía la ley como una "autoamnistía" porque fue parte de un "acuerdo político" para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y porque para salir adelante fueron "fundamentales" los votos de sus beneficiarios.
Críticas a la falta de diálogo
"No parece que la ley responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España", ha expuesto Urraca Caviedes. Además, ha señalado que las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo.
El abogado considera que, siguiendo las consideraciones de la Comisión de Venecia, hay respaldo para considerar que las "autoamnistías" son contrarias al Estado de Derecho. Según su exposición, esto ocurre cuando "quien ostenta el poder político pretende blindarse, garantizándose su inmunidad jurídica".
Principio de proporcionalidad
El principio de proporcionalidad exige que la amnistía propuesta sea un "medio adecuado para alcanzar, en última instancia, un objetivo legítimo". Corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si las "limitaciones" que la ley introduce a los "principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley" cumplen con estos requisitos.
El Ejecutivo comunitario ha defendido además la competencia del TJUE sobre las cuestiones remitidas. Argumenta que incluso cuando los Estados miembro retienen la competencia de una norma deben ejercer las prerrogativas en pleno cumplimiento de las disposiciones que le impone el Derecho comunitario.
Plazo de dos meses contrario al Derecho europeo
Otra cuestión abordada ha sido el plazo de dos meses para decidir sobre la aplicación de la amnistía. El abogado de la Comisión ha advertido de que tal norma es contraria al Derecho europeo si este plazo no permite a los órganos competentes adoptar las medidas procesales necesarias para evaluar el fondo.
"En tal situación el plazo máximo de dos meses impuesto a los tribunales nacionales competentes impide al Tribunal de Cuentas, en este caso, examinar adecuadamente el fondo del asunto principal, al ejercer una presión indebida", ha explicado. Esto "compromete su capacidad para garantizar la plena aplicación del derecho de la unión y proporcionar una tutela efectiva".
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
