El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha denunciado este viernes el hallazgo de 383 cadáveres hacinados en un crematorio de Ciudad Juárez, en el norte de México. La organización ha instado a las autoridades mexicanas a cumplir con su obligación internacional "de proteger y respetar a los muertos".
"Ante el hallazgo de 383 cuerpos en crematorio de Ciudad Juárez, nos solidarizamos con las familias. Llamamos a realizar una investigación eficaz y a respetar los derechos de las personas fallecidas", reza un documento publicado por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Investigación exhaustiva e independiente
El informe subraya que las investigaciones de muertes solicitadas por el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales deben llevarse a cabo con "prontitud y de manera efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente". Además, se debe tratar siempre el cuerpo de los fallecidos "con dignidad y respeto".
La obligación de proteger a los muertos forma parte de los derechos a la vida, a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes y a la protección contra la desaparición forzada. Por ello, el organismo insiste en la conveniencia de "elaborar unos principios rectores" que protejan los derechos de los muertos "desde el prisma de los derechos humanos".
Responsabilidades del Estado mexicano
El Estado debe "velar por que los restos humanos de una persona fallecida sean atendidos y gestionados adecuadamente con el fin de preservar la dignidad de los fallecidos". También se le encarga "garantizar que se respeten los derechos de sus familias en todo momento".
Desde ACNUDH reconocen las dificultades que existen actualmente para identificar los cadáveres no reclamados. Estas incluyen "la escasez de peritos forenses y recursos científicos", así como "la financiación insuficiente de los sistemas forenses, las infraestructuras inadecuadas y la falta de directrices claras".
Desigualdades que persisten tras la muerte
Existe un "importante solapamiento de leyes, reglamentos y prácticas" en relación a las "muertes no violentas y cotidianas" que "sigue planteando problemas considerables". Esto afecta especialmente a la defensa de los derechos de grupos minoritarios, personas indígenas, indigentes y cadáveres no reclamados o no identificados.
"Muchas de las desigualdades, discriminaciones e injusticias que se producen en vida persisten en la muerte", ha apostillado el relator Morris Tidball Binz. El experto ha propuesto una serie de recomendaciones prácticas relativas a "la protección de los muertos durante la investigación de las muertes ilícitas".
Recomendaciones internacionales urgentes
Entre las sugerencias de Tidball Binz destaca "armonizar la protección de los muertos con base en el Derecho Internacional". Esto permitiría que los Estados cuenten con las "medidas nacionales pertinentes" para cumplir con su deber de "proteger a los muertos en la práctica" y velar por la gestión adecuada de los restos humanos.
"La dignidad de la persona y el respeto debido a su cuerpo y a sus restos humanos no se extinguen con la muerte", sentencia el informe. El documento añade que alterar estos procesos "hace daño a las personas y las sociedades y, en el caso de las muertes ilícitas, socava o impide el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".
Crisis de desapariciones en México
El deber de proteger eficazmente a los fallecidos es una obligación en virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo es, cada vez, de manera "más importante". Las desapariciones en México han aumentado en un año en torno a un 28 por ciento a nivel nacional.
Según reportes de las fiscalías regionales, la cifra de personas reportadas como desaparecidas en el registro federal alcanzó las 129.000 desapariciones en mayo. Estas cifras reflejan la magnitud del problema que enfrentan las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
