La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han lanzado este martes un ultimátum al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Las organizaciones exigen que presenten pruebas de sus acusaciones contra jueces o rectifiquen públicamente sus declaraciones.
Las asociaciones consideran que las manifestaciones del Ejecutivo suponen «un daño gravísimo» a la separación de poderes y a la confianza ciudadana en la Justicia. Según su comunicado conjunto, el Gobierno ha ido más allá de la legítima crítica a resoluciones judiciales al sostener que existen magistrados que actúan con fines políticos.
Origen de la controversia gubernamental
La polémica surgió tras las declaraciones de Sánchez el pasado 1 de septiembre en RTVE, donde afirmó que «hay jueces haciendo política». El presidente apeló al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que estudie si estas causas «tienen los parámetros de independencia y de respeto a la presunción de inocencia que merecen todos los ciudadanos».
Bolaños reforzó la posición gubernamental en una entrevista publicada el domingo 7 de septiembre en El País. El ministro calificó las palabras del jefe del Ejecutivo como la constatación de «una realidad incontestable» y pidió al CGPJ «dar un toque serio» a determinadas instrucciones judiciales.
Acusaciones equiparadas a prevaricación
AJFV y FJI denuncian que Sánchez y Bolaños han sostenido que existen jueces que «dictan sus resoluciones siguiendo un interés estrictamente político». Las asociaciones consideran que estas declaraciones equivalen a acusar a magistrados de prevaricación, «el más grave delito que un juez puede cometer en el ejercicio de su función».
Las organizaciones comparan la situación con lo que ocurriría si una asociación judicial dijese que hay «unos pocos ministros» corruptos en el Gobierno o «unos pocos diputados o senadores» deshonestos. Según las asociaciones, la gravedad de estas afirmaciones no se reduce por el hecho de que el Gobierno las presente como comportamientos «muy minoritarios».
Ultimátum: pruebas o rectificación pública
Las asociaciones judiciales han lanzado un ultimátum al Ejecutivo con dos opciones claras. Si el Gobierno posee pruebas de que existen jueces que dictan resoluciones con interés político, debe «identificar tales hechos y presentar las denuncias o querellas correspondientes», ya que estas conductas constituirían ilícito penal.
En caso contrario, exigen que tanto Sánchez como Bolaños «rectifiquen y se desdigan de las manifestaciones vertidas». Las asociaciones argumentan que «el recto ejercicio de sus cargos no es compatible» con expresiones que «cuestionan el normal funcionamiento de las instituciones públicas» y «menoscaban la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia».
El mensaje transmitido al ciudadano, según las asociaciones, es que «si un juez actúa así, cualquiera puede hacerlo». Consideran que en una democracia avanzada no es aceptable que un presidente del Gobierno y un ministro de Justicia trasladen a la ciudadanía acusaciones tan graves sobre el ejercicio de la función jurisdiccional sin consecuencias.
Fuentes utilizadas: "Europa Press" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
