El Senado de Argentina aprobó en la madrugada del jueves la reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei, tras una maratónica sesión parlamentaria de 13 horas. La "Ley de Modernización Laboral" se impuso con 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención, marcando una victoria política clave para el ejecutivo ultraderechista en su intento por transformar el mercado de trabajo del país.
Los senadores continúan votando los capítulos individuales del proyecto, cerca de 50 en total, lo que podría modificar el texto antes de su paso a la Cámara de Diputados. El documento ha sufrido más de 50 cambios desde el dictamen original firmado en diciembre del año pasado.
Qué contempla la reforma
La ley incluye estímulos para la inversión y el empleo formal, actualización de créditos laborales y reducción de litigios. Entre las medidas más controvertidas figuran la limitación de asambleas y huelgas, la creación de un "banco de horas" para compensar trabajo extra con tiempo libre, y el establecimiento de un "salario dinámico" basado en tiempo o rendimiento.
La reforma propone reducir las contribuciones patronales en tres puntos y extender el período de prueba de tres a seis meses. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el costo previsional en Argentina alcanza el 35%, frente al 21,6% del promedio de la OCDE. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió que la reforma servirá para «generar empleo».
Rechazo sindical y críticas
Los principales sindicatos se congregaron horas antes de la votación frente al Congreso para rechazar la iniciativa. Desde el gobierno, Karina Milei (secretaria General de la Presidencia), Manuel Adorni (portavoz) y Diego Santilli (ministro del Interior) celebraron el resultado desde un palco del hemiciclo.
Un análisis de las medidas señala contradicciones en el enfoque: según datos de Fundar, el 90% del empleo no registrado se concentra en microempresas y pequeñas empresas, pero la reforma otorga beneficios también a grandes compañías. Las críticas apuntan además al mecanismo de financiación del fondo de cese laboral, que reduciría los aportes jubilatorios en tres puntos, afectando las pensiones futuras.
La reforma limita severamente el derecho constitucional a la huelga al exigir una cobertura mínima del 50% en "actividades de importancia trascendental", categoría que incluye desde la industria alimenticia hasta la radio y televisión.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
