La Unión Europea ha condenado enérgicamente la congelación judicial de las cuentas bancarias de siete organizaciones no gubernamentales en Georgia. Las ONG están acusadas de financiar las protestas contra el gobierno georgiano.
El Servicio de Acción Exterior europeo ha denunciado que esta medida constituye «otro asalto a los derechos fundamentales y una utilización del sistema judicial como herramienta de represión». La UE considera que el objetivo es «silenciar y castigar a las voces disidentes».
Llamamiento europeo urgente
La Alta Representante Kaja Kallas ha exigido a las autoridades georgianas revertir «inmediatamente» esta decisión. Kallas ha recordado que las organizaciones de la sociedad civil «no son enemigos del Estado, sino la columna vertebral del pluralismo democrático y la rendición de cuentas».
El comunicado europeo destaca que la sociedad civil georgiana ha impulsado «durante años» el acercamiento a la Unión Europea. Bruselas denuncia una «represión creciente» contra estas organizaciones en el país caucásico.
Justificación georgiana controvertida
La oficina de Kallas ha advertido que perseguir a las ONG «contradice los valores democráticos fundamentales y mina los principios básicos que se esperan de un país candidato» al bloque europeo.
La Fiscalía de Georgia justifica las restricciones alegando que las organizaciones pagaron multas a manifestantes y compraron artículos de protección para quienes protestaron en 2024. Las manifestaciones surgieron tras la decisión del primer ministro Irakli Kobajidze de renunciar a la adhesión europea y adoptar políticas más afines a Rusia.
Fuentes utilizadas: "Europa Press" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
