El Consejo de Ministros aprobó la condonación de 83.253 millones de euros de deuda autonómica, cumpliendo el acuerdo con Esquerra Republicana para investir a Salvador Illa en Cataluña.
Esta medida beneficiaría especialmente a Andalucía con 18.000 millones de euros, pese a que la comunidad andaluza rechaza frontalmente la quita.
Las diferencias regionales son abismales: cada andaluz debe 4.690,7 euros frente a los 11.195,3 euros por catalán, según datos de ABC. Un ciudadano andaluz debe menos de la mitad que un catalán, lo que contrasta con el hecho de que Andalucía recibiría la mayor cantidad absoluta de condonación.
Valencia obtendría apenas el 19,3% del total pese a ser la tercera región más endeudada, como informa La Razón. Cataluña concentraría 17.104 millones según El Diario, consolidando el patrón de mayor endeudamiento por habitante en las comunidades del este peninsular.
Rechazo del PP pese a los beneficios
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular rechazan frontalmente esta quita de deuda, pese a que les beneficia económicamente. Andalucía lidera esta posición argumentando que ha hecho los deberes mientras que este «indulto» premia a quienes han despilfarrado dinero público.
La deuda andaluza se ha reducido hasta el 18,8% de su PIB, la cifra más baja desde 2013. El presidente Juanma Moreno (PP) destaca que a partir de 2026 no necesitará «ningún instrumento del Estado para financiarse», convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en lograr autonomía financiera total.
La unidad del PP muestra fisuras cuando La Rioja rompe el frente común al aceptar la medida, aunque exigiendo más de los 448 millones asignados, según reporta El Diario. Esta posición aísla al presidente Gonzalo Capellán del resto de comunidades populares.
Restricciones en el gasto social
Esta condonación no supone un ingreso directo de 18.000 millones para invertir en sanidad, educación o dependencia. Es un ajuste contable donde esa cantidad pasa del balance autonómico al nacional.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) confirma que este ahorro no genera mayor margen para políticas públicas debido a las reglas de gasto. Los recursos liberados no podrán destinarse a médicos, enfermeros o profesores, contradiciendo las promesas gubernamentales.
El ahorro principal vendría de la supresión del pago de intereses, que el economista José María O'Kean calcula en unos 400 millones anuales para Andalucía. El Gobierno estima un ahorro total de 6.700 millones en intereses para todas las regiones, según 20 Minutos.
Origen político de la medida
Esta condonación tiene su origen en el acuerdo de noviembre de 2023 entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras para conseguir el apoyo de ERC, según documenta El País. La medida forma parte de la estrategia del PSOE para mantener sus alianzas parlamentarias y asegurar la investidura catalana.
El Gobierno insiste en que las comunidades podrán contar «con más recursos para sanidad, educación o servicios sociales», pese al rechazo técnico de la AIReF. Esta contradicción evidencia las tensiones entre la narrativa política y la realidad fiscal de la medida.
Fuentes utilizadas: "EuroPress", "ABC", "La Razón", "El Diario", "El País", "20 Minutos", "La Vanguardia" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
