Esta fecha marcó el fin de las ayudas extraordinarias que el Gobierno concedió para contener las consecuencias laborales de la crisis sanitaria.
El Tribunal de Cuentas ha revelado que el 38% de las personas que se acogieron a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) durante la pandemia no había regresado a su puesto de trabajo a 31 de marzo de 2022. La conclusión forma parte del informe de fiscalización sobre las prestaciones por desempleo reconocidas a las personas afectadas por los ERTE entre 2020 y 2022. Durante los primeros meses de la pandemia, el Ejecutivo adoptó medidas extraordinarias para combatir los efectos económicos del covid-19, permitiendo a miles de empresas suspender temporalmente contratos sin recurrir a despidos.
Solo el 62% regresó al trabajo
Una vez finalizadas estas ayudas, seguían inactivas 411.310 empresas que inicialmente se acogieron a los ERTE. Únicamente el 62,21% de las personas trabajadoras había retornado a su mismo centro de trabajo, lo que según el organismo demuestra que el sistema de protección "no fue suficiente".
El Tribunal de Cuentas señala que a 31 de diciembre de 2022 no se había recuperado el volumen de personal previo a la pandemia. Existía un déficit del 6,48% con respecto al 1 de marzo de 2020, fecha anterior al inicio de la crisis sanitaria.
Deficiencias en la gestión administrativa
A pesar de la eficacia de las medidas para contener el impacto económico inicial, el organismo advierte de importantes deficiencias en el procedimiento de gestión. La Dirección General del Trabajo no disponía de una aplicación informática específica para tramitar los ERTE, lo que dificultó enormemente la trazabilidad de los expedientes.
Las solicitudes se dispararon de un promedio de 96 anuales a 5.000 semanales, gestionándose de forma manual en muchas ocasiones. Esto provocó la emisión de resoluciones "contradictorias, incongruentes y duplicadas", según denuncia el Tribunal de Cuentas.
El SEPE se vio desbordado
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no dispuso en ocasiones de la información necesaria para constatar la existencia de fuerza mayor. El organismo se vio desbordado debido a un "déficit estructural y permanente de su plantilla", habiendo perdido un 15% de su personal funcionario entre 2018 y 2022.
El SEPE ha cubierto estas plazas con personal interino, que aumentó hasta un 47%. Además, tuvo que recurrir a su propio remanente para financiar las prestaciones por desempleo, con un desembolso de 13.535 millones de euros, sin recibir directamente los fondos europeos previstos.
Irregularidades detectadas en el control
La fiscalización detectó 10.896 beneficiarios de prestaciones por valor de 25,4 millones de euros cuya inactividad no fue comunicada por las empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social. En relación con las exoneraciones de cuotas, las actuaciones de control detectaron indicios de incumplimiento que podrían afectar a 278.757 empresas y 1,7 millones de personas.
Más de 558.000 empresas se acogieron a este mecanismo, beneficiando a 4,15 millones de personas. El gasto público destinado a prestaciones por desempleo alcanzó los 18.272 millones de euros, mientras que las exoneraciones de cuotas se elevaron a 7.964 millones de euros.
Impacto masivo en la economía española
Estas cifras representaron un impacto "notable", alcanzando al 22% del empleo asalariado y al 40% de las empresas con plantilla en España. Las principales beneficiarias fueron las microempresas, seguidas de las pequeñas empresas, siendo los sectores más afectados el comercio, la reparación de vehículos y la hostelería.
El organismo presidido por Enriqueta Chicano recomienda a la Dirección General de Trabajo implantar un procedimiento informatizado de tramitación de ERTE e impulsar un protocolo de intercambio de información entre autoridades laborales. También insta al SEPE a revisar el reconocimiento de las prestaciones abonadas a los beneficiarios sin situación de inactividad comunicada.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
