Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto dos, han iniciado este martes una huelga de tres días contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía. Las organizaciones consideran que los cambios suponen un ataque a la independencia judicial y al Estado de Derecho.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, descarta dar marcha atrás y sostiene que las reformas son "imprescindibles" para modernizar la Justicia. Solo Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) no se han sumado a la convocatoria.
Cinco asociaciones convocan el paro
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) protagonizan la protesta. Previamente habían convocado un paro de 10 minutos el 11 de junio y una concentración ante el Tribunal Supremo.
El pasado 17 de junio las cinco asociaciones anunciaron la huelga, ofreciendo desconvocarla si el Ejecutivo retiraba las reformas. El Ministerio de Justicia rechazó esta propuesta, como ya había adelantado en la reunión del 4 de junio con el secretario de Estado Manuel Olmedo.
Bolaños defiende la modernización
Bolaños trasladó a las asociaciones en una carta que las reformas son "imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI". El ministro argumentó que es necesario actualizar "estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX".
El titular de Justicia invitó a las organizaciones a "participar y colaborar en este proceso activamente" durante la tramitación parlamentaria. Representantes de las asociaciones se reunieron con diputados socialistas, que les ofrecieron "mejorar" el texto, aunque los convocantes lo consideraron un "brindis al sol".
Temor a la selección ideológica
Las asociaciones alertan del "riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales" y critican que se "va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras". Consideran que se elimina "contenido esencial para la formación" y se introducen "pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración".
Respecto a la reforma de la Fiscalía, advierten de que "se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado". Critican que este cargo "seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo" y "sin contrapesos" suficientes.
El CGPJ niega el derecho a huelga
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebró un Pleno extraordinario y resolvió por unanimidad que el ejercicio del derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo. El órgano considera que "los miembros de la carrera judicial, como integrantes de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a la huelga".
Pese a esta resolución, fuentes del CGPJ indicaron que no contempla imponer sanciones disciplinarias a quienes participen en la huelga. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recordó que debe garantizarse la práctica de actuaciones donde la falta de intervención fiscal pueda causar perjuicios a los ciudadanos.
Las asociaciones reivindican su derecho
Las organizaciones respondieron que "el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española". Sostienen que "no cabe interpretación restrictiva" y que "la ausencia de normativa específica de desarrollo" no puede suponer la exclusión de los togados.
Advirtieron de que "cualquier intento por parte del empleador de condicionar, obstaculizar o coaccionar la decisión de un trabajador respecto a su participación en una huelga constituye una infracción muy grave". Ante la falta de servicios mínimos oficiales, el Comité de Huelga los ha establecido "para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía".
Posibles descuentos salariales
El Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que habilitase un mecanismo para detraer el salario de quienes no acudan a su puesto de trabajo durante la huelga. Todo apunta a que podría descontárseles sueldo por esos días de parón, como ya ocurrió en 2018.
Las asociaciones han anticipado que, tras estos tres días de huelga, realizarán "una evaluación conjunta de la situación" en función de la respuesta institucional y el estado parlamentario de las reformas. Esta revisión tendrá en cuenta el respaldo recibido para decidir sobre la continuidad o ampliación de las medidas.
Esta es la sexta huelga de togados desde 2009, cuando se produjo la primera con Mariano Fernández Bermejo (PSOE) como ministro. Bolaños se suma así a la lista de ministros de Justicia que han soportado esta medida de fuerza, incluyendo a Francisco Caamaño (PSOE), Alberto Ruiz-Gallardón (PP), Rafael Catalá (PP) y Dolores Delgado (PSOE).
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
