El Ministerio de Cultura notificó este viernes a la Fundación Nacional Francisco Franco el inicio del procedimiento para solicitar su disolución judicial. La entidad tiene ahora 10 días hábiles para presentar alegaciones antes de que el caso llegue a los tribunales.
La decisión se fundamenta en una resolución de 37 páginas que concluye que la fundación «no persigue fines de interés general» y que sus actividades «son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente». El documento analiza aproximadamente 5.500 textos publicados en la página web de la entidad y denuncia la promoción de una visión «inequívocamente positiva del franquismo».
Acusaciones del Gobierno
El Ministerio acusa a la fundación de difundir contenidos con «prisma negacionista» que «niegan o aminoran el alcance de la represión». Fuentes gubernamentales explicaron a EL PAÍS: «No hay que olvidar que la Fundación, como tal, se beneficia fiscalmente. Los españoles no deben por qué pagar estas actividades antidemocráticas».
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática elaboró un informe en mayo de 2025 que incluye testimonios de víctimas del franquismo. Una de ellas declaró: «Cada vez que veo en medios de comunicación alguna de sus actividades o declaraciones, se me encoge el corazón, la respiración se me detiene y no soy capaz de articular palabra. En ese momento vuelve a mi mente el relato de la desaparición de mi tío».
Próximos pasos judiciales
El Gobierno prepara el traslado del expediente a los tribunales «lo antes posible», según fuentes del Ministerio. El proceso podría incluir medidas cautelares para limitar o paralizar las actividades de la fundación mientras dure el procedimiento judicial. La Abogacía General del Estado se encargará de la tramitación una vez dictada la resolución ministerial.
La fundación, constituida en 1976, dedica entre 100.000 y 150.000 euros anuales a la publicación de su boletín y eventos culturales. El Ministerio también examina su archivo histórico, que contiene unos 30.000 documentos, para identificar aquellos de posible naturaleza pública que deberían custodiarse en archivos estatales.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
