El Reglamento Penitenciario establece normas estrictas para las visitas en prisión, exigiendo "respetar al máximo la intimidad" de los internos y requiriendo una orden judicial expresa para intervenir las comunicaciones con abogados. Estas disposiciones cobran especial relevancia tras el ingreso en la cárcel de Soto del Real (Madrid) del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Cerdán se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza por orden del Tribunal Supremo en el marco de la investigación del 'caso Koldo' por el supuesto cobro de mordidas. La normativa penitenciaria diferencia claramente entre las visitas de familiares y las que realizan los abogados, siendo estas últimas especialmente protegidas.
Comunicaciones con abogados blindadas
Las visitas de letrados cuentan con mayor flexibilidad de horario y locutorios específicos para garantizar la confidencialidad. El artículo 48 del Reglamento Penitenciario establece que "la suspensión o la intervención de estas comunicaciones sólo podrá realizarse previa orden expresa de la autoridad judicial".
Esta normativa se aplica tras la providencia del 18 de julio en la que el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, pidió a Instituciones Penitenciarias que actuara conforme a sus normas. La petición llegó después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitara información sobre las visitas que recibiera Santos Cerdán.
UCO solicita información de visitas
La UCO pidió el pasado 3 de julio "ser informada de las visitas que reciba el interno, a poder ser con antelación a que se produzcan". En caso de visitas imprevistas, como las de miembros del colegio de abogados, la policía judicial requería "se informe a la mayor brevedad posible".
"Es de interés quién y cuándo se realizan o realizarán dichas visitas, no así el contenido de las mismas", precisaba la UCO, pidiendo a Instituciones Penitenciarias "la máxima discreción". El organismo dependiente del Ministerio del Interior informó el 9 de julio que estaba "cumplimentando" lo solicitado, "salvo que por el tribunal se ordene lo contrario".
Defensa denuncia "atropello" de derechos
Fuentes de la defensa de Santos Cerdán consideran que se trata de un grave "atropello" a su derecho a la defensa. Anticipan que sopesan pedir amparo a los colegios de abogados pertinentes ante esta situación.
El Reglamento Penitenciario exige que "se respete al máximo la intimidad" de los internos, quienes "no tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento". Todas las comunicaciones deben anotarse en un "libro de registro" con datos básicos de identificación.
Registro obligatorio de todas las visitas
El libro de registro debe consignar "el día y hora de la comunicación, el nombre del interno, y el nombre, domicilio y reseña del documento oficial de identidad de los visitantes, así como la relación de éstos con el interno". Las comunicaciones se registran por orden cronológico incluyendo nombres, número de causa y duración de la visita.
Las visitas con abogados se celebran en locutorios especiales "en los que quede asegurado que el control del funcionario encargado del servicio sea solamente visual". El artículo 48.3 es tajante: "Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor no podrán ser suspendidas o intervenidas, en ningún caso, por decisión administrativa".
Identificación y acreditación de letrados
La prisión debe proceder a la identificación mediante "la presentación del documento oficial que le acredite como abogado o procurador en ejercicio", así como "un volante de su respectivo colegio, en el que conste expresamente su condición de defensor o de representante del interno". En el caso de Santos Cerdán, a la defensa inicial del abogado Benet Salellas se sumó el letrado Jacobo Teijelo.
Teijelo es uno de los interlocutores del audio donde la exconcejal socialista Leire Díez intentaba conseguir material contra miembros de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. El Reglamento también contempla comunicaciones con abogados que no formen oficialmente parte de la defensa si así lo requiere el interno, siempre con la debida acreditación colegial.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
