La defensa de Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que impida el análisis de sus correos electrónicos por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El recurso se centra en los emails de su cuenta oficial en Presidencia desde julio de 2018, cuando se nombró a su asesora Cristina Álvarez.
El recurso directo de apelación fue presentado este lunes contra la providencia del juez Juan Carlos Peinado. La medida judicial ordena a Presidencia entregar dichos correos para su análisis en el marco de la investigación por presunta malversación en la contratación de la asesora.
Críticas a la decisión judicial
La defensa considera que la providencia carece de motivación suficiente. Como argumenta en el recurso: «El contenido de la providencia que acuerda la práctica de la diligencia carece de cualquier motivación, puesto que solo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del Juzgado el correo electrónico».
El juez Peinado también exigió a Moncloa información adicional sobre los secretarios generales de Presidencia. Específicamente, pidió «el nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo» y quiénes han autorizado los pagos de retribuciones desde el nombramiento.
Argumentos de la defensa
El exministro socialista Antonio Camacho, que representa a Gómez, insiste en que no ha habido malversación alguna. Su argumento principal es que hacer favores a una persona amiga no constituye delito.
Según la defensa: «La realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación».
Fuentes utilizadas: "EUROPA PRESS" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
