El Gobierno ha aprobado definitivamente el último decreto para iniciar la reubicación de los casi 4.000 menores migrantes no acompañados que saturan los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, calificó esta decisión como el "punto de inflexión" de la reforma de la ley de extranjería, que entrará en vigor este jueves.
La norma establece una capacidad obligatoria de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para todas las comunidades autónomas. Según los criterios objetivos del ministerio, que incluyen PIB, desempleo y dispersión territorial, Andalucía recibirá el mayor número de menores trasladados (677), seguida de Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571).
Protocolo de emergencia activado
Las tres regiones fronterizas ya han triplicado su capacidad ordinaria y se declararán en "contingencia migratoria extraordinaria". El Gobierno de Canarias anunció que solicitará esta situación de emergencia en cuanto entre en vigor el decreto, activando automáticamente el mecanismo de redistribución.
Una vez declarada la contingencia, la Subdelegación del Gobierno elaborará propuestas de ubicación y registrará a cada menor en el sistema oficial. Los traslados deberán realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales, con un fondo gubernamental de 100 millones de euros para costear el proceso.
Exclusiones controvertidas y oposición
Como informa La Razón, el apoyo del partido Junts al decreto llegó tras confirmar que Cataluña no recibiría reubicaciones obligatorias. Esta exclusión, junto con la del País Vasco, ha generado críticas por su capacidad significativa para acoger menores.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular mantienen su rechazo frontal a los traslados obligatorios desde hace más de un año. Según El Mundo, Castilla-La Mancha estima que necesitará 400 millones de euros para atender adecuadamente a los 322 menores asignados, una cifra que supera cuatro veces el fondo total gubernamental.
Cambios en los criterios de reparto
La reforma de marzo de 2024 redujo el peso del "esfuerzo previo" en la acogida del 45% al 6%, según informa La Razón. Este cambio beneficia a las regiones con menor capacidad actual, redistribuyendo la carga hacia comunidades que históricamente han acogido menos menores migrantes.
Como reporta ABC, las Islas Baleares planean solicitar el estatus de contingencia migratoria pese a no cumplir los umbrales numéricos, basándose en las proyecciones de llegadas. El protocolo prevé que las comunidades de destino que se nieguen a recibir menores podrán enfrentarse a la intervención de las Fuerzas de Seguridad.
Fuentes utilizadas: "EuroPress", "La Razón", "El Mundo", "ABC", "20minutos.es", "eldiario.es", "elmundo.es" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
